Delito de Robo en CDMX: Penas, Denuncia y Defensa

POR QUÉ CON ÓSCAR

Criterio legal, no atención genérica

El tipo penal está en el Título Décimo Quinto, Capítulo I, del Código Penal de la Ciudad de México. El artículo 220 castiga al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena: prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o no sea posible determinarlo (fracción II); prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa cuando exceda de trescientas pero no de setecientas cincuenta veces (fracción III); y prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días multa cuando exceda de setecientas cincuenta veces (fracción IV); la fracción I está derogada. La cuantía se fija únicamente por el valor de mercado de la cosa al momento del apoderamiento. El artículo 221 impone las mismas penas a quien se apodere de cosa propia que otro posea por título legítimo; el 222 crea el robo de uso, con tres meses a un año de prisión o de treinta a noventa días multa, para quien acredite ánimo de uso y no de dominio; y el 226 da por consumado el robo desde que el inculpado tiene la cosa en su poder, aunque la abandone.

Las agravantes convierten el robo simple en agravado o calificado, cada una con su aumento. El artículo 223 aumenta en una mitad las penas del 220 cuando el robo se comete en lugar cerrado; aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad; por quien recibió la cosa en tenencia precaria; sobre equipaje de viajero; contra persona con discapacidad o de más de sesenta años, entre otros supuestos. El artículo 224, además de las penas del 220, impone de dos a seis años de prisión cuando se comete aprovechando una catástrofe; en despoblado; encontrándose la víctima o el objeto en un vehículo particular o de transporte público; en contra de transeúnte, entendido como quien se encuentra en la vía pública o en espacios abiertos de acceso público; respecto de teléfonos celulares; contra quien realiza operaciones bancarias o en cajero automático; o utilizando una motocicleta (apartado A); de cuatro a ocho años cuando se trate de vehículo automotriz (apartado B); de cinco a nueve años en oficinas bancarias o contra quienes custodien o transporten caudales (apartado C); de cuatro a diez años en lugar habitado o destinado para habitación o en sus dependencias (apartado D); y de tres a siete años por partes de vehículos o equipamiento y mobiliario urbano (apartado E). El artículo 225 incrementa las penas anteriores con prisión de dos a ocho años cuando el robo se comete con violencia física o moral, o se ejerce violencia para darse a la fuga o defender lo robado, y cuando lo cometen una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.

Dos reglas del mismo título cambian la estrategia. La primera es la forma de persecución: el artículo 246 dispone que los delitos patrimoniales se investigan por querella cuando los comete un ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente hasta el segundo grado, concubina o concubinario o pareja permanente, y que el robo del artículo 220 se investiga por querella sin importar el monto, salvo que concurran las agravantes de las fracciones VIII y IX del artículo 223, las de las fracciones I, VIII, IX, X y XI y el inciso D) del artículo 224, o cualquiera de las calificativas del artículo 225. La segunda es el artículo 248: no se impone sanción alguna por el robo del 220 cuando el agente es primodelincuente, el monto no excede de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y restituye el objeto o cubre su valor y los daños y perjuicios antes de que el Ministerio Público ejercite acción penal, salvo robos con violencia por personas armadas, privación de la libertad o extorsión; y la sanción se reduce en una mitad si restituye antes de la sentencia de segunda instancia. En prescripción, el artículo 111 fija para los delitos de oficio un plazo igual al término medio aritmético de la pena de prisión, incluidas las modalidades, nunca menor de tres años; el 110 fija para los de querella un año desde que el ofendido conoce el delito y al delincuente, y tres años fuera de esa circunstancia; el 108 cuenta el plazo desde la consumación; y el 107 lo duplica para quien está fuera del territorio de la ciudad.

Cuando la víctima repele el robo, la pregunta pasa al artículo 29 del Código Penal local. Su apartado B, fracción I, excluye el delito por legítima defensa cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata, y presume la legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se causa un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona que tenga obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes respecto de los que exista la misma obligación; igual presunción existe frente al intruso sorprendido en esos lugares en circunstancias que revelen la posibilidad de una agresión. Del lado de la reparación, el artículo 42 comprende el restablecimiento de las cosas al estado anterior, la restitución de la cosa con sus frutos y accesorios o el pago de su valor actualizado, el daño moral y el resarcimiento de los perjuicios; el 43 ordena que la fije el juez; el 44 la hace preferente y obliga al Ministerio Público a solicitarla y probar su monto; el 45 la reconoce a la víctima y al ofendido; y el 46 obliga a repararla a los dueños o encargados de negociaciones por los delitos de sus empleados en desempeño de sus servicios.

El procedimiento es el del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 146 limita la flagrancia a la detención en el momento de cometer el delito o inmediatamente después, cuando la persona es perseguida material e ininterrumpidamente o es señalada por la víctima, un testigo presencial o un partícipe y tiene en su poder instrumentos, objetos o productos del delito; el 148 ordena liberar al detenido por delito de querella si ésta no se presenta en un plazo que no puede exceder de doce horas desde la notificación a la víctima o de veinticuatro desde la detención; y el 149 obliga al Ministerio Público a verificar la legalidad de la detención. El artículo 19 de la Constitución ordena al juez decretar la prisión preventiva oficiosamente, entre otros, en robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y el artículo 167 del Código Nacional repite ese catálogo; fuera de él, el Ministerio Público sólo puede pedirla cuando otras medidas cautelares no basten. Los artículos 186 a 190 regulan los acuerdos reparatorios: proceden en delitos de querella, culposos y patrimoniales sin violencia sobre las personas, desde la denuncia hasta antes del auto de apertura a juicio, y cumplidos extinguen la acción penal; los artículos 191 a 200 regulan la suspensión condicional del proceso, con plan de reparación y condiciones por un plazo de seis meses a tres años que, cumplidas, llevan al sobreseimiento.