Óscar Miranda Abogado
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ÁREAS DE PRÁCTICA
Cuando alguien invade tu propiedad, eso tiene nombre jurídico: despojo. Es un delito previsto en el artículo 237 del Código Penal aplicable en la Ciudad de México, que desde la reforma publicada en la Gaceta Oficial el 21 de noviembre de 2025 se castiga con prisión de seis a once años y de doscientas a mil unidades de medida y actualización, es decir, entre $23,462 y $117,310 pesos con la UMA de 2026. Comete despojo quien, de propia autoridad y por medio de violencia física o moral, engaño, simulación de actos jurídicos, suplantación de la identidad o furtivamente, ocupa un inmueble ajeno, hace uso de él o de un derecho real que no le pertenece, o impide el disfrute material del inmueble ajeno. La ley añade algo que muchos propietarios ignoran: el delito se sanciona aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, y también lo comete el dueño que ocupa por esos medios su propio inmueble cuando la ley no lo permite por hallarse en posesión de otra persona. Por eso esta página tiene dos mensajes. El primero, para quien fue despojado: existe una vía penal que permite pedir al juez, como medida provisional, la restitución del inmueble mientras se investiga, y una vía civil que declara tu derecho con sentencia; elegir bien, o combinarlas, es lo que decide el resultado. El segundo, para todos: en las primeras horas no se recupera nada por la fuerza, porque el artículo 17 de la Constitución prohíbe hacerse justicia por propia mano. El despacho de Óscar Miranda, en San Miguel Chapultepec, atiende despojos de casas, departamentos y terrenos en toda la Ciudad de México, incluidas Polanco, Lomas de Chapultepec, Santa Fe, Del Valle, Coyoacán y San Ángel. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN y termina con una ruta escrita: si tu caso es despojo, qué vía conviene y qué hacer esta semana.
Información actualizada:
CASOS QUE ATENDEMOS

CÓMO TE AYUDAMOS
01
El artículo 17 de la Constitución establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En despojo esa regla tiene consecuencias concretas: la fracción II del artículo 237 del Código Penal castiga al que ocupa un inmueble de su propiedad, por violencia o furtivamente, cuando está en posesión de otra persona, y el último párrafo del mismo artículo sanciona el despojo aunque la posesión sea dudosa o esté en disputa. Si entras con gente, rompes la chapa o sacas las cosas del ocupante, puedes pasar de víctima a imputado. Lo que sí debes hacer: fotografiar y grabar con fecha el inmueble ocupado y las chapas cambiadas; identificar vecinos que te vieron poseer y vieron la entrada; reunir escritura, predial y recibos de servicios a tu nombre; pedir las grabaciones de cámaras antes de que se borren; y, si hay riesgo, llamar a la policía sin confrontar.
02
No toda ocupación es delito. El despojo exige que el ocupante haya actuado de propia autoridad y por alguno de los medios del artículo 237: violencia física o moral, engaño, simulación de actos jurídicos, suplantación de la identidad o de manera furtiva. Quien entró con tu consentimiento —el inquilino, el comodatario, el familiar al que prestaste la casa— tiene en principio una posesión derivada en los términos del artículo 791 del Código Civil, y su negativa a devolver se resuelve en juicio civil, salvo que después de un requerimiento de autoridad competente mantenga la ocupación, supuesto que el artículo 238 Bis equipara al despojo. El diagnóstico define la forma de persecución: el inciso c) del artículo 246 exige querella para el despojo, salvo que se cometa con violencia o en alguna de las hipótesis del artículo 238, en cuyo caso se persigue de oficio. Es el primer entregable de la asesoría.
03
El artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite iniciar la investigación por denuncia o por querella, y el 223 exige una narración circunstanciada del hecho, quién lo habría cometido y quiénes lo presenciaron. En despojo se gana o se pierde aquí: no basta la escritura, hay que acreditar tu posesión o disfrute, cómo y cuándo te despojaron y con qué medio. Desde la presentación, el artículo 109 reconoce a la víctima el derecho a intervenir por sí o por su asesor jurídico (fracción XV), a que se le reciban sus datos de prueba (fracción XIV), a solicitar actos de investigación que el Ministerio Público sólo puede negar fundada y motivadamente (fracción XVII) y a pedir medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares (fracción XIX). En casos de despojo entre parientes conviene presentar querella formal aunque se discuta si el delito es de oficio, para no depender de esa discusión.
04
Es la herramienta que distingue a la vía penal. El artículo 111 del Código Nacional dispone que, en cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional que ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. A ello se suma la fracción XXIII del artículo 109, que reconoce a la víctima el derecho a ser restituida en sus derechos cuando éstos estén acreditados. El juez sólo la concede con elementos suficientes, así que se prepara con títulos, pruebas de posesión previa, testigos y evidencia del medio empleado. No es automática ni tiene plazo garantizado; depende de la calidad de la carpeta y de la valoración judicial.
05
Cuando el despojo no se cometió con violencia sobre las personas, el artículo 187 del Código Nacional permite el acuerdo reparatorio en delitos de querella y en delitos patrimoniales sin violencia; el 188 lo admite desde la denuncia hasta antes del auto de apertura a juicio, y el 186 dispone que, aprobado y cumplido, extingue la acción penal. El acuerdo útil para el propietario fija la entrega del inmueble, el pago de daños y la renuncia a pretensiones posesorias; si el ocupante incumple sin justa causa, el artículo 189 ordena que la investigación continúe. Sin acuerdo, la víctima reclama la reparación del daño del artículo 42 del Código Penal —restablecimiento de las cosas al estado anterior, restitución con frutos y perjuicios—, que el 44 obliga al Ministerio Público a solicitar y probar. En paralelo se evalúa la vía civil.
POR QUÉ CON ÓSCAR
El tipo penal está en el Capítulo VII, Despojo, del Título Décimo Quinto del Código Penal aplicable en la Ciudad de México, reformado por decreto publicado en la Gaceta Oficial el 21 de noviembre de 2025 y en vigor desde el día siguiente. El artículo 237 impone de seis a once años de prisión y de doscientas a mil unidades de medida y actualización en tres supuestos. Fracción I: al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño, la simulación de actos jurídicos, la suplantación de la identidad o furtivamente ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca o bien impida el disfrute material de un bien inmueble ajeno. Fracción II: al que de propia autoridad y con cualquiera de esos medios o furtivamente ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante. Fracción III: al que en esos términos cometa despojo de aguas. El último párrafo dispone que el delito se sanciona sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudoso o esté en disputa. Con la UMA de 2026, de $117.31 diarios, la multa del tipo básico va de $23,462 a $117,310 pesos. Conforme al artículo tercero transitorio del decreto, los procedimientos por hechos anteriores se tramitan con las disposiciones vigentes al momento de los hechos.
El artículo 238 añade, además de la pena del 237, de siete a once años de prisión y de mil a cuatro mil unidades de medida y actualización —de $117,310 a $469,240 pesos con la UMA de 2026— en trece supuestos, entre ellos: víctima mayor de sesenta años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o indígena (fracción I); parentesco o afinidad hasta el cuarto grado (fracción II); participación de un servidor público en funciones (fracción III); suplantación de la identidad del propietario, poseedor o su representante (fracción V); intervención de un notario en ejercicio (fracción VI); grupo de tres o más personas (fracción IX); simulación de actos de autoridad (fracción X); documentación falsa o alterada (fracción XI); y lucro obtenido o intentado mediante actos de dominio sobre el inmueble o los muebles que contiene (fracción XII). A quienes despojen inmuebles urbanos en forma reiterada se les imponen además de dos a nueve años de prisión y de dos mil a cinco mil unidades —de $234,620 a $586,550 pesos—. El artículo 238 Bis equipara al despojo, con las mismas penas, la conducta de quien, a pesar de haber sido requerido por la autoridad competente, mantenga la ocupación del inmueble ajeno o continúe impidiendo su disfrute, y precisa que el delito se actualiza mientras se prolongue la ocupación y hasta que la víctima sea restituida.
Tres reglas del mismo código cambian la estrategia. La primera es la persecución: el inciso c) del artículo 246 exige querella para el despojo, salvo que se cometa con violencia o en alguna hipótesis del artículo 238, y su primer párrafo exige querella para los delitos patrimoniales entre ascendientes, descendientes, cónyuges, concubinos, pareja permanente y parientes hasta el segundo grado; como el 238 agrava el despojo entre parientes hasta el cuarto grado, el despojo familiar se analiza caso por caso. La segunda es la prescripción: el último párrafo del artículo 238, añadido en la reforma de 2025, dispone que el término para que comience a correr la prescripción de este delito se cuenta a partir de que se haya restituido la posesión del inmueble a la parte ofendida, lo que se complementa con el artículo 108, fracción II, que para los delitos permanentes cuenta el plazo desde que cesó la consumación. Para los delitos de oficio, el artículo 111 fija el término medio aritmético de la pena de prisión con sus modalidades, nunca menor de tres años: ocho años y medio para el tipo básico. Para los de querella, el artículo 110 fija un año desde que el ofendido conoce el delito y al delincuente y tres años fuera de esa circunstancia, salvo disposición en contrario. La tercera es la reparación del daño: el artículo 42 comprende el restablecimiento de las cosas al estado anterior, la restitución con frutos y accesorios, el daño moral y los perjuicios; el 43 ordena que la fijen los jueces; el 44 la hace preferente; y el 45 la reconoce a la víctima y al ofendido.
En el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de la restitución provisional del artículo 111 y los derechos del 109, el artículo 137 permite al Ministerio Público ordenar medidas de protección cuando el imputado representa un riesgo inminente para la víctima, como la prohibición de intimidarla, la vigilancia en el domicilio o su reingreso al domicilio; el 138 permite pedir al juez embargo de bienes o inmovilización de cuentas para garantizar la reparación; y los artículos 186 a 190 regulan los acuerdos reparatorios.
La vía civil corre por separado y a veces es la mejor. El artículo 790 del Código Civil de la Ciudad de México define al poseedor como quien ejerce un poder de hecho sobre la cosa; el 791 distingue la posesión originaria del propietario de la derivada del arrendatario o depositario; el 803 ordena mantener o restituir a todo poseedor frente a quien no tenga mejor derecho; y el 804 exige que no haya pasado un año desde el despojo para el interdicto de recuperar la posesión. La reforma de 2025 añadió al artículo 806 la presunción de mala fe cuando la posesión deriva de un acto jurídico simulado o de un título que el poseedor sabía o debía saber inválido, y la nulidad de todo acto jurídico que tenga como fin encubrir un despojo mediante simulación contractual. En el Código de Procedimientos Civiles, el artículo 4 concede la reivindicación a quien no está en posesión de la cosa de la que es propietario; el 17 dispone que el despojado de la posesión de un inmueble debe ser ante todo restituido; el 18 exige deducir la acción de recuperar la posesión dentro del año siguiente a los actos violentos o vías de hecho; y el 19 da al poseedor la acción por obra nueva contra la construcción que perjudique su posesión.
La asesoría inicial es tu primer paso. Asesoría desde $2,000 MXN.
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