FAMILIAR
Si no cumplen el acuerdo de convivencia
Cómo hacer valer un acuerdo de convivencia con tus hijos correctamente.
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La custodia compartida en la Ciudad de México es la forma de guarda y custodia en la que los dos progenitores se reparten el cuidado cotidiano de sus hijos, y el Código Civil la prevé de manera expresa como un acuerdo: el artículo 282, apartado B, fracción II, y el 275, apartado B, fracción II, disponen que los hijos quedan al cuidado de la persona que los cónyuges designen de común acuerdo, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio, y obligan a la jueza o al juez a ponderar en todos los casos el interés superior de la niñez y a tomar en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes. Si no hay acuerdo, decide el juez conforme al procedimiento de controversias familiares. Cuando los padres sí la pactan, el artículo 283 Bis ordena que la resolución garantice que ambos cumplan las obligaciones de crianza sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana de los hijos. Para quienes no están casados aplica la misma lógica: el artículo 416 permite a quienes ejercen la patria potestad convenir los términos de la guarda y custodia al separarse. Y una aclaración que cambia la economía de muchas familias: la custodia compartida no extingue la pensión alimenticia, porque los dos progenitores siguen obligados a dar alimentos en proporción a sus posibilidades (artículos 303 y 311). Esta página explica cómo funciona, qué requisitos debe cumplir el convenio, qué pasa cuando no hay acuerdo, cómo se pasa de una custodia exclusiva a una compartida y qué la impide. El despacho de Óscar Miranda, en San Miguel Chapultepec, atiende estos asuntos en toda la Ciudad de México, incluidas zonas como Polanco, Santa Fe, Reforma, Roma-Condesa, Del Valle y Coyoacán. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN, es un pago único e independiente de los honorarios, y al terminar se entrega por escrito la propuesta estratégica y económica.
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La primera sesión define el mapa: si hay acuerdo entre los padres o no, si existe ya una resolución de custodia, cuál es la distancia entre los dos domicilios, los horarios de trabajo de cada uno, la edad de los hijos y cualquier antecedente de violencia. Con eso se decide la vía: convenio dentro del divorcio (artículo 267 del Código Civil de la Ciudad de México), convenio entre padres no casados (artículo 416), controversia del orden familiar si no hay acuerdo, o incidente de cambio de custodia si ya hay una resolución. También se revisa la transición procesal: la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, modificada por decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de julio de 2026, fija el 1 de abril de 2027 para la generalidad de los procedimientos familiares, de modo que la fecha de presentación determina las reglas aplicables. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN, es independiente de los honorarios y termina con la propuesta estratégica y económica por escrito.
02
Si hay acuerdo, se redacta un convenio que cubra lo que exige el artículo 267: la designación de quién o quiénes tendrán la guarda y custodia de los hijos (fracción I), las modalidades de convivencia respetando horarios de comida, descanso y estudio (fracción II) y el modo de atender sus necesidades, con forma, lugar y fecha de pago de los alimentos y la garantía de su cumplimiento (fracción III). En compartida se añade lo que la ley pide al juez verificar: el cumplimiento de las obligaciones de crianza de ambos sin riesgo en la vida cotidiana de los hijos (artículo 283 Bis) y las del artículo 414 Bis, que rigen para quienes tienen la custodia independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio. Se negocia el calendario por días, la entrega y recogida, vacaciones y festivos, decisiones escolares y médicas, viajes y cambio de domicilio. Puede tomarse como base el formato de convenio de convivencias y alimentos, adaptado a un reparto compartido.
03
Mientras se resuelve el fondo, el juez puede decidir provisionalmente. Desde la demanda o la solicitud de divorcio se dictan medidas provisionales (artículo 282), y una vez contestada se resuelve sobre el cuidado de los hijos, ponderando su interés superior y tomando en cuenta su opinión. El artículo 941 Bis del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México dispone que, a petición de parte, se dé vista a la contraria y, en caso de desacuerdo, se fije audiencia dentro de los quince días siguientes para resolver sobre la custodia y la convivencia; quien tiene a los menores debe presentarlos para que sean escuchados, y el juez puede apoyarse en valoración psicológica de los hijos y de las partes. Se prepara esa audiencia con documentos de horarios, escuela, salud y vivienda que muestren que el reparto del cuidado es real y posible.
04
En toda controversia sobre convivencias o cambio de guarda y custodia deben oírse las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad y su facilidad de comunicación, y ponderando su derecho a convivir con sus hermanos si no viven en el mismo domicilio (artículo 417 del Código Civil). Los asiste en la audiencia un profesional en psicología, trabajo social o pedagogía del DIF de la Ciudad de México, que puede pedir hasta dos entrevistas previas y escuchar al menor en privado, sin los padres ni sus abogados (artículo 417 Bis). Las pruebas se construyen sobre los aspectos que el artículo 416 Ter define como interés superior: salud, alimentación y educación; un ambiente libre de violencia; desarrollo de la personalidad sin sobreprotección ni excesos punitivos; y toma de decisiones según su edad. Al niño no se le prepara ni se le presiona: se le protege.
05
Una vez aprobado el convenio o dictada la resolución, empieza la parte que más trabajo da: que se cumpla. El juez puede emplear medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, como multa, auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por treinta y seis horas (artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles), y el incumplimiento sin justificación, permanente y sistemático de las obligaciones de crianza se valora al determinar la guarda y custodia y el régimen de convivencias (artículo 414 Bis del Código Civil). Si las circunstancias cambian, la custodia se revisa por la vía incidental o en controversia, oyendo a los hijos (artículo 417); el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles permite modificar las resoluciones provisionales en la interlocutoria o en la definitiva, y las firmes en los negocios que la ley señala cuando cambian las circunstancias. La pensión, por su parte, se ajusta cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (artículo 311).
POR QUÉ CON ÓSCAR
El fundamento de la custodia compartida está en el Código Civil para el Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, con última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 24 de diciembre de 2025. El artículo 282, apartado B, fracción II, regula las medidas una vez contestada la solicitud: poner a las hijas e hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio. La jueza o el juez debe, en todos los casos, ponderar el interés superior de la niñez, garantizando una protección integral de sus derechos, y las niñas, niños y adolescentes pueden manifestar su opinión, que tiene que ser tomada en cuenta al resolver. En defecto de acuerdo, el juez resuelve conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles. Si hay menores de doce años, el juez determina según las circunstancias del caso si quedan al cuidado de la madre, del padre o incluso de persona ajena a los progenitores, y no es obstáculo para la preferencia en la custodia que quien se dedica al trabajo de cuidados en el hogar carezca de recursos económicos. El artículo 275, apartado B, fracción II, reproduce la misma regla para el divorcio unilateral.
El artículo 283 Bis, reformado en la Gaceta Oficial del 29 de noviembre de 2024, es la norma específica: cuando los padres hayan acordado la guarda y custodia compartida en términos de la fracción II del apartado B del artículo 275, la jueza o el juez debe garantizar en la resolución que los divorciantes cumplan con las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana de las hijas e hijos. Esas obligaciones están en el artículo 414 Bis y rigen para quienes ejercen la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio: procurar la seguridad física, psicológica y sexual; fomentar hábitos de alimentación, higiene y desarrollo físico e impulsar habilidades intelectuales y escolares; realizar demostraciones afectivas con respeto; y determinar límites y normas de conducta. El mismo artículo aclara que tener jornadas laborales extensas no es incumplimiento, y que el incumplimiento injustificado, permanente y sistemático se valora al determinar la custodia provisional y definitiva y el régimen de convivencias.
Para los padres que no están casados, o que ya se divorciaron, la regla es el artículo 416: en caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deben continuar cumpliendo sus obligaciones y pueden convenir los términos de su ejercicio, particularmente la guarda y custodia; en caso de desacuerdo resuelve el juez de lo familiar. Su segundo párrafo contiene la regla general que explica por qué la compartida exige acuerdo o una justificación sólida: atendiendo al interés superior, el menor quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos, y el otro está obligado a colaborar en su alimentación y crianza conservando la convivencia; en casos de violencia familiar el juez determina lo conducente con base en el interés superior de la niñez. El artículo 416 Bis protege además las relaciones con los ascendientes, que solo por mandato judicial pueden limitarse o suspenderse ante incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para los hijos. El 416 Ter define el interés superior como la prioridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sobre los de cualquier otra persona.
La custodia compartida no borra la pensión alimenticia. El artículo 303 obliga a las y los progenitores a dar alimentos a sus hijas e hijos; el 311 ordena que sean proporcionados a las posibilidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien los recibe, con incremento automático anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor salvo que el deudor acredite que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, y añade que, si no pueden acreditarse los ingresos ni determinarse la capacidad económica del deudor, los alimentos no pueden ser menores a la UMA vigente en la Ciudad de México. El artículo 283, fracción IV, dispone que los excónyuges tienen obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos. Y el 309 constituye en deudor alimentario moroso a quien incumple por sesenta días, con inscripción en el registro correspondiente. En la práctica, cuando el cuidado se reparte, lo que se negocia es la proporción y la forma de pago, no si existe la obligación.
En el procedimiento, el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México faculta al juez de lo familiar para intervenir de oficio en asuntos de menores, alimentos y violencia familiar, lo obliga a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho y a exhortarlas a resolver sus diferencias por convenio o mediación; el 942 permite acudir sin formalidades especiales en cuestiones como la educación de los hijos. El 941 Bis regula la audiencia de custodia provisional dentro de quince días y la obligación de quien conserva la guarda y custodia de informar al juez y al otro progenitor su nuevo domicilio y teléfono, bajo apercibimiento de los medios de apremio del artículo 73. El 941 Ter ordena negar las convivencias provisionales cuando exista peligro para la integridad física, sexual y psicológica de los hijos. Frente a la violencia, el Código Civil es claro: el artículo 283, fracciones I a III, permite restringir la convivencia y ordena limitarla o suspenderla cuando exista riesgo para los menores; el 282 Bis, fracción VI, prevé suspender a la persona agresora el régimen de visitas y convivencias; y los artículos 323 Ter y 323 Quáter definen la violencia familiar. Una custodia compartida no se construye sobre un riesgo.
PREGUNTAS FRECUENTES
Los dos progenitores se reparten el cuidado cotidiano de los hijos según un calendario y comparten las decisiones importantes. El Código Civil de la Ciudad de México la prevé como acuerdo: los artículos 282 y 275, apartado B, fracción II, permiten a los cónyuges compartir la guarda y custodia mediante convenio, y el 416 permite a los padres separados convenir los términos de su ejercicio. El juez la aprueba ponderando el interés superior de la niñez, tomando en cuenta la opinión de los hijos, y debe garantizar que ambos cumplan las obligaciones de crianza sin riesgo para los niños (artículo 283 Bis). La ley no exige un reparto exacto de cincuenta y cincuenta: lo que importa es que el calendario funcione para los hijos.
La ley no los enumera como lista, pero se desprenden del código. Primero, acuerdo entre los padres plasmado en un convenio (artículos 282, 275 y 416). Segundo, que el convenio cubra la designación de la custodia, las modalidades de convivencia respetando horarios de comida, descanso y estudio, y los alimentos con forma, lugar, fecha de pago y garantía (artículo 267, fracciones I a III). Tercero, que ambos puedan cumplir las obligaciones de crianza del artículo 414 Bis. Cuarto, que no exista riesgo para los hijos, incluida la violencia familiar (artículo 283). Y en la práctica, que la distancia entre domicilios, la escuela y los horarios permitan que el reparto sea real.
El código vincula expresamente la custodia compartida al convenio y, a falta de acuerdo, ordena al juez resolver conforme al procedimiento de controversias familiares; el artículo 416 establece como regla que el menor quede bajo los cuidados de uno de los padres y que el otro colabore y conviva. El texto del código no prevé que se imponga sin acuerdo, pero tampoco lo prohíbe, y el juez decide lo que convenga al interés superior de los hijos (artículos 282 y 416 Ter). Por eso, pedirla en una controversia exige pruebas de que repartir el cuidado beneficia a los niños, de que ambos domicilios y horarios lo permiten y de que cumples las obligaciones de crianza. Nadie puede prometer el resultado.
Sí, la obligación subsiste. El artículo 303 obliga a ambos progenitores a dar alimentos; el 311 los hace proporcionales a las posibilidades de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; y el 283, fracción IV, dispone que los excónyuges contribuyan en proporción a sus bienes e ingresos. Ejemplo ilustrativo, no una fórmula legal: si los gastos de los hijos suman $24,000 al mes y un progenitor gana el doble que el otro, una propuesta proporcional asignaría dos terceras partes ($16,000) al de mayores ingresos y una tercera parte ($8,000) al otro, descontando lo que cada uno pague directamente durante su tiempo. La calculadora de pensión alimenticia ayuda a estimarlo; el monto final lo aprueba o fija el juez.
Sí, cuando cambian las circunstancias. Si hay acuerdo, se presenta un convenio modificatorio para aprobación judicial. Si no lo hay, se promueve el incidente o la controversia de cambio de guarda y custodia, en el que deben oírse los hijos con la asistencia de un profesional del DIF (artículos 417 y 417 Bis del Código Civil). El artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles permite modificar las resoluciones provisionales en la interlocutoria o en la definitiva, y las firmes en los negocios que la ley señala cuando cambian las circunstancias que motivaron la decisión. Lo que mueve al juez es el interés superior de los hijos, no el deseo de equilibrar tiempos entre los adultos.
Se documenta cada incumplimiento con fechas y mensajes, y se pide al juez que haga cumplir el convenio o la resolución. El artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles le permite usar medios de apremio, como multa, auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por treinta y seis horas. Si el incumplimiento de las obligaciones de crianza es injustificado, permanente y sistemático, el artículo 414 Bis del Código Civil ordena valorarlo al determinar la custodia y las convivencias, lo que puede llevar a revisar la compartida. No conviene responder con un incumplimiento propio, como retener a los hijos o dejar de pagar la pensión.
El artículo 941 Bis del Código de Procedimientos Civiles obliga al ascendiente que conserva la guarda y custodia que cambie de domicilio a informar al juez y a quien no ejerce la custodia los datos del nuevo domicilio y número telefónico, para mantener la comunicación del menor; incumplir da lugar a los medios de apremio del artículo 73. En una compartida, una mudanza que hace imposible el calendario no es un trámite: suele obligar a modificar el convenio o a replantear la custodia ante el juez. Lo prudente es pactar en el convenio qué distancia o qué cambio exige aviso previo y acuerdo. Sacar a los hijos del país sin autorización es un problema distinto y más grave.
Puede impedirla. El artículo 283 del Código Civil ordena que la sentencia proteja a los hijos de la violencia familiar y que la convivencia se limite o suspenda cuando exista riesgo o peligro para su sano desarrollo; el 282 Bis, fracción VI, prevé suspender a la persona agresora el régimen de visitas y convivencias; el 416 encarga al juez decidir con base en el interés superior en casos de violencia; y el artículo 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles niega las convivencias provisionales cuando hay peligro para la integridad de los hijos. Una custodia compartida exige comunicación constante entre los padres, y donde hay violencia esa comunicación es un riesgo. La asesoría inicial cuesta $2,000 MXN y se puede atender de forma confidencial.
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