Óscar Miranda Abogado
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Glosario · Derecho penal y amparo
La prisión preventiva oficiosa es la medida cautelar que el juez de control debe imponer de manera automática, sin que el Ministerio Público tenga que justificar riesgo, cuando se vincula a proceso por alguno de los delitos del catálogo del artículo 19 constitucional, como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión o robo a casa habitación. Se diferencia de la justificada, que exige acreditar necesidad.
Verificado contra la ley vigente:
En el sistema acusatorio la regla es seguir el proceso en libertad. La prisión preventiva es la medida cautelar más grave y, en principio, el Ministerio Público solo puede pedirla cuando otras medidas no basten para asegurar la comparecencia, la investigación o la protección de la víctima, testigos o comunidad, o cuando la persona ya es procesada o fue sentenciada por delito doloso. Esa es la prisión preventiva justificada, que se debate en audiencia.
La oficiosa funciona al revés: el propio artículo 19 ordena al juez imponerla por el solo tipo de delito. El catálogo fue ampliado por reformas de diciembre de 2024 y abril de 2025 e incluye, entre otros, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos de drogas sintéticas y fentanilo, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata, robo a casa habitación, robo al transporte de carga, delitos con armas y explosivos, hidrocarburos, desaparición forzada, contrabando y comprobantes fiscales falsos.
El texto constitucional vigente ordena a los órganos del Estado atenerse a la literalidad del párrafo y prohíbe interpretaciones que inapliquen o suspendan la medida. El Código Nacional, reformado en noviembre de 2025, reproduce el catálogo. Un dato relevante: el párrafo del CNPP que listaba delitos fiscales como de prisión oficiosa fue declarado inválido por la Suprema Corte, decisión publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2025.
Incluso en la oficiosa hay márgenes. El juez puede sustituirla por otra medida solo si lo solicita el Ministerio Público, con autorización de su titular, por no resultar proporcional o porque las partes quieren celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Personas mayores de setenta años, con enfermedad grave o terminal, embarazadas o en lactancia pueden cumplirla en su domicilio o en un centro médico. Y ninguna prisión preventiva puede exceder de dos años sin sentencia, salvo que la demora se deba a la defensa.
| Ley | Artículo | Qué establece |
|---|---|---|
| CPEUM | artículo 19, párrafo segundo | El juez ordena la prisión preventiva oficiosamente en los delitos del catálogo constitucional (reformado DOF 31-12-2024 y 01-04-2025); los órganos del Estado deben atenerse a su literalidad, sin interpretaciones que inapliquen, suspendan o modifiquen la medida. |
| CNPP | artículo 167 | El Ministerio Público solo pide prisión preventiva cuando otras medidas no basten; la persona juzgadora la ordena oficiosamente en el catálogo de delitos (reformado DOF 28-11-2025). El párrafo que listaba delitos del Código Fiscal fue declarado inválido por la SCJN (DOF 20-08-2025). El juez la sustituye solo a solicitud del Ministerio Público. |
| CNPP | artículo 165 | La prisión preventiva no puede exceder del máximo de pena del delito ni ser superior a dos años, salvo que la prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa; cumplido ese plazo sin sentencia, el imputado queda en libertad mientras sigue el proceso. |
| CNPP | artículo 166 | Para personas mayores de setenta años, con enfermedad grave o terminal, mujeres embarazadas o madres en lactancia, el juez puede ordenar que la prisión preventiva se ejecute en su domicilio o en un centro médico o geriátrico. |
Fundamento verificado contra el texto oficial vigente al momento de la última actualización.
Caso ilustrativo (sin datos reales)
Dos personas son vinculadas a proceso el mismo día. A la primera, por robo de un celular sin violencia, el fiscal pide prisión preventiva alegando que no tiene domicilio fijo; la defensa acredita arraigo con contrato de arrendamiento y constancia laboral y el juez impone presentación periódica. A la segunda, por robo a casa habitación, el juez impone prisión preventiva oficiosa sin debate sobre riesgo, porque el delito está en el catálogo constitucional. Su defensa apela y revisa si la clasificación jurídica es correcta.
Los del artículo 19 constitucional: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos de precursores químicos, drogas sintéticas y fentanilo, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, hidrocarburos, desaparición forzada y por particulares, delitos con armas y explosivos, terrorismo, delitos graves contra la seguridad de la nación, la salud y el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y comprobantes fiscales falsos, en los términos que fije la ley.
No puede exceder el máximo de la pena del delito y en ningún caso ser superior a dos años, salvo que la prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa. Cumplido ese plazo sin sentencia, la persona debe quedar en libertad mientras sigue el proceso, sin perjuicio de otras medidas cautelares (artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución y artículo 165 del CNPP).
Sí, aunque con límites. Procede apelación y amparo indirecto; la defensa puede discutir la clasificación jurídica del hecho para sacarlo del catálogo, pedir la sustitución cuando el Ministerio Público la solicite, o acreditar supuestos de edad, salud, embarazo o lactancia para cumplirla en domicilio. En amparo, la suspensión solo deja a la persona a disposición del juez federal en cuanto a su libertad (artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo).
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